Detienen más de 15 mil personas en un mes e incautan armas
Más de quince mil personas detenidas, incautación de 22 armas de fuego a personas que las portaban ilegalmente y la retención de otras 185 de distintos calibres y marcas, es el resultado de los operativos a nivel nacional realizados en un mes, por el Comando Conjunto Unificado de las Fuerzas Armadas.
Durante los operativos de los primeros 30 días de gestión del vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, al frente del Comando Conjunto Unificado, se produjo la retención mil 611 vehículos para fines de depuración e investigación de las documentaciones.
También están retenidas 13 mil 267 motocicletas, por dudar los militares, de la autenticidad de los documentos presentados por sus ocupantes, los cuales están siendo consultados con la Dirección General de Impuestos Internos, según los informes.
Los datos fueron ofrecidos el capitán de navío José Vásquez, vocero de la Armada Dominicana, institución que también preside el vicealmirante Betances Hernández, tras ser designado en el cargo por el presidente Luis Abinader.
Vásquez explico que muchas de las 15 mil 287 personas detenidas en los últimos 30 días, cometieron violaciones a las disposiciones sanitarias emanadas del Poder Ejecutivo y al toque de queda, que buscan impedir la expansión del COVID-19 en el país.
También figuran individuos que estaban prófugos de la justicia, otros vinculados en acciones delincuenciales, así como los que portaban las armas de fuego de forma ilegal, quienes fueron entregados a las autoridades judiciales para los fines correspondientes.
Las estadísticas revelan que también durante el primer mes de gestión del vicealmirante Betances Hernández al frente del Comando Conjunto Unificado de las Fuerzas Armadas, fueron incautadas 445 armas blancas, distintas porciones de cocaína, marihuana, crack y otras sustancias controladas.
Se dijo que las l85 armas de fuego retenidas, están siendo investigadas y depuradas por los organismos correspondientes.
En la realización de los operativos, los militares han contado con el apoyo de las principales autoridades de los municipios y provincias donde se llevan a cabo y el Ministerio Público, respetando siempre los derechos de cada uno de los ciudadanos intervenidos.